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• APAG EXTREMADURA ASAJA exige la inclusión en los presupuestos generales para 2016 de partidas que garanticen la puesta en marcha futura de los proyectos de riego de Tierra de Barros y Monterrubio de la Serena

Agronews Castilla y León 

APAG EXTREMADURA ASAJA exige la inclusión en los presupuestos generales para 2016 de partidas que garanticen la puesta en marcha futura de los proyectos de riego de Tierra de Barros y Monterrubio de la Serena

Corresponde ahora, una vez fue aprobada recientemente la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos de la Asamblea de Extremadura, que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara abra un proceso de intenso diálogo con los distintos grupos parlamentarios y con toda la sociedad en su conjunto para corregir las deficiencias que en dicho proyecto se observan y que, en lo que respecta al sector agrario, se manifiestan con especial crudeza, según la citada organización agarria.

 

 

• Muchos agricultores extremeños no podrán adquirir productos fitosanitarios desde el 26/11/2015

agroinformacion.com 25/11/2015

Necesitan un carné específico pero el Gobex no ha convocado cursos desde junio de 2014

La Unión de Extremadura ha denunciado que se puede producir en la Comunidad la posibilidad de que a partir del 26 de noviembre la mayor parte de los agricultores extremeños no puedan adquirir productos fitosanitarios. Esta situación se debe al Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitario. Concretamente en su artículo 21, regula que a partir del 26 de noviembre no se suministrará productos fitosanitarios a aquellos titulares que no estén en posesión del correspondiente carné, que acredite que ha realizado el curso de manipulador de productos fitosanitarios. Sin embargo, desde junio del 2014, la Junta de Extremadura no ha convocado ayudas a las OPAS para realizar cursos para la obtención de este carné. "Por lo que existe en la actualidad muchos agricultores que no disponen del mismo, por la falta de previsión de la Junta", critica la organización agraria.

Al mismo tiempo, insiste la Unión de Extremadura, existen un gran número de agricultores que han realizado este curso y que, a su vez, han  solicitado a la Junta de Extremadura la renovación del documento. Pero en estos momentos, muchos de ellos no tienen el carné "porque están esperando la respuesta de la Junta. Esta respuesta puede ser de varios años".

Ante esta situación, la Unión de Extremadura denuncia "la irresponsabilidad por parte de  la Junta de Extremadura, a la vez que insiste en que la administración "sabe de la urgencia de los productores en disponer de este requisito para retirar productos fitosanitarios". Por eso, desde la organización consideran que "han ignorado las reivindicaciones que les hemos transmitido para que agilicen este trámite".

Por lo tanto, advierten de que "si a partir de este jueves no se pueden retirar productos fitosanitarios para realizar los tratamientos, será responsabilidad absoluta de la Junta de Extremadura".
 


 

• Las Organizaciones Agrarias extremeñas piden que los cazadoras cumplan la ley y sigan recogiendo las vísceras tras las cacerías para evitar problemas en la sanidad del ganado

Agronews Castilla y León 

Tras el anuncio de que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Propuesta de Impulso en la Asamblea de Extremadura para suspender la obligatoriedad de que los cazadores recojan las vísceras de los animales tras las cacerías, las organizaciones profesionales agrarias UPA-UCE, COAG y ASAJA Cáceres urgen a los Grupos Parlamentarios a tumbar la citada Propuesta, y así se lo han hecho saber mediante un escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios presentes en la Asamblea de Extremadura.

Así, las OPAS informan de que la Resolución dictada por la Dirección General de Agricultura y Ganadería de 9 de octubre de 2015 “fue una normativa dialogada y consensuada por la Mesa de la Sanidad Animal en su totalidad, en la que están representados los distintos colectivos que operan en el medio natural: veterinarios, Organizaciones Profesionales Agrarias, cooperativas, la Universidad de Extremadura, la Administración Pública… y también sector cinegético”. Así, en la Mesa se decidió que“para frenar el avance de la enfermedad debía establecerse la obligatoriedad de retirar los subproductos animales no destinados al consumo humano procedentes de la caza mayor procedentes de actividades cinegéticas llevadas a cabo en la región”.

Según las organizaciones agrarias: “Los ganaderos y ganaderas extremeños cumplimos con las obligaciones que nos impone la Ley desde siempre, pero nuestros esfuerzos, también económicos, no sirven de nada si los cazadores no cumplen con su parte, ya que una de las principales vías de contagio de la enfermedad está en la fauna salvaje”. Así, explican que la ganadería extremeña acumula pérdidas millonarias, sufre el bloqueo de las explotaciones y la caída de los precios de la carne; “y cuando se pide que los cazadores cumplan la Ley como la cumplimos nosotros, ya que tenemos seguros de recogida que se encargan de retirar los cadáveres animales, nos encontramos con las reticencias injustificadas de un colectivo que está perjudicando seriamente a uno de los motores económicos de la región: la ganadería extremeña”.

En este sentido, rebaten el argumento expresado en la Propuesta de Impulso “porque el sector ganadero no ocupa únicamente los fines de semana de octubre a febrero, sino que es una actividad económica muy significativa para la región durante los 365 días al año”; y rechazan la supuesta “imposibilidad de retirada de los subproductos en un tiempo prudencial”, que alude a la incapacidad de las empresas de retirada de poder hacer frente a la nueva demanda que se les presenta. UPA-UCE, COAG y ASAJA aseguran que estas empresas especializadas tienen probada experiencia y capacidad para hacer frente a la demanda del sector cinegético, ya que en la región dan servicio a más de 16.000 explotaciones ganaderas.   

Por otro lado, las OPAS recuerdan que “queda mucho trabajo por hacer” en referencia a la necesidad de seguir avanzando en las medidas acordadas en la Mesa de la Sanidad Animal, como la propuesta de establecer un control sanitario en los cotos privados y Parques Naturales. Esto tiene como objetivo garantizar la sanidad animal en estos entornos y que no se conviertan en focos de contagio para la población animal; además de fijar un censo ganadero de la fauna salvaje con el que se pueda conocer y controlar el número de animales existentes.

“Frente a los 400 millones de euros que genera la caza en la región al año, la ganadería supone 810 millones de euros directos (sin contar los beneficios que genera la transformación y comercialización de los productos ganaderos) para la economía extremeña”, concluyen. Igualmente, este tema será abordado en la reunión que el próximo jueves 3 de diciembre va a mantener el sector con la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio; Begoña García Bernal. 

 

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